Por Gerardo Jolianis Bello
A través de la Federación Nacional de Departamentos (FND), los gobernadores del país emitieron una advertencia al Gobierno Nacional, la cual ven como un severo impacto en las finanzas regionales debido a la disminución de los fondos destinados al bienio 2025-206 del Sistema General. de Regalías (SGR).
Para los líderes seccionales, la financiación de programas y proyectos esenciales para el progreso de los departamentos y la satisfacción de las necesidades de los colombianos como alimentación, transporte escolar, vivienda, entre otras, está en peligro. Por ello, solicitaron claridad y transparencia en la liquidación de las regalías, ya que es necesario comprender cómo se determinan los fondos que le quedan al territorio para sus inversiones.
Erasmo Zuleta Bechara, junto a sus colegas, expresaron su inquietud por esta circunstancia y alertó que presentarán al Congreso las reflexiones que poseen en conjunto, con el fin de defender las observaciones realizadas a este proyecto. Para el territorio cordobés, con las tres fuentes de financiación que definen la SGR, el impacto en diversos proyectos sociales supera los 75 mil millones de pesos.
Los fondos destinados directamente para el periodo 2023-2024 ascendieron a 51 mil 156 millones 482, en cambio, los destinados para el periodo 2025-2026 ascenderán a 63 mil 944 millones 299 pesos, lo que implica un incremento del 25%. No obstante, en los otros dos factores de dicha ecuación, el asunto era completamente distinto.
En cuanto al 60% de asignación regional por departamentos, a Córdoba se le adjudicaron 283 mil 741 millones 344 pesos para los dos años venideros, lo que supone una disminución del 14% respecto a lo fijado en el último bienio 2023-2024.
En otras palabras, aproximadamente 45 mil millones de pesos. Sucedió algo parecido con el 40% de la distribución regional, aunque Caribe, que se transformó de 219 mil 149 millones 882 pesos a 189 mil 149 millones 896 pesos en un bienio. Esto representa una reducción del 14%.
. En años recientes, los gobiernos de los departamentos han tenido que contrarrestar la tendencia para poder implementar programas sociales, como el (PAE), que ha sido una práctica habitual para ejecutarlo en el departamento.