Por Gerardo Jolianis Bello
Los habitantes de La Mojana cuentan con el apoyo jurídico para llevar a cabo acciones de mitigación en Cara de Gato frente a la paralización de las obras contratadas por la UNGRD, tal como lo corroboró Manuel Navarro, experto en derecho ambiental, al citar la Ley 472 de 1998.
«La legislación autoriza a las comunidades a llevar a cabo las de mitigación ante un riesgo próximo o para evitar que ocurra acciones ese desastre», afirmó Navarro, destacando particularmente el artículo 25, de la citada ley, que autoriza estas acciones dentro del contexto de una acción popular.
La normativa adquiere importancia frente a la interrupción de las obras y la necesidad imperiosa de capitalizar la temporada actual de sequía para cerrar un hueco de 63 metros que sigue poniendo en peligro la zona. Los líderes comunitarios, avalados por esta regulación, han manifestado su voluntad de participar en la clausura del boquete.
«Tenemos la intención de actuar entre esas bolsas que miden 63 metros. Cerrar el boquete es lo que nos salvaría de esta catástrofe; Sostuvo Camilo Daza, dirigente del Pacto Social por La Mojana. La comunidad sostiene que esta opción legal es vital frente a la ausencia de respuesta del Gobierno Nacional a las medidas preventivas dictadas hace un año por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que requerían la ejecución de obras de mitigación en un período de 30 días, obligatorio que hasta el momento no ha sido respetado