Por Gerardo Jolianis Bello
El 27 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró en desacato a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, por no cumplir con la orden judicial de cerrar el Boquete de Caregato.
Los gobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar, junto con los ex alcaldes de municipios de La Mojana, también se ven afectados por la decisión. De acuerdo con Manuel Navarro Manchego, abogado de las comunidades perjudicadas, el Tribunal concedió un nuevo período de 30 días para llevar a cabo las obras de finalización definitiva.
Los abogados de los perjudicados afirmaron que la UNGRD carece de investigaciones técnicas que respalden mantener abierta la brecha de Caregato, mientras que la Universidad Javeriana alerta que las construcciones proyectadas por el Gobierno solo operarían durante la estación de aguas bajas.
José Manuel Jiménez, portavoz de las comunidades impactadas, recordó que han estado padeciendo la negligencia estatal durante «40 meses».
Los letrados, que representan a cerca de 35.000 familias afectadas, sostienen que si las autoridades no respetan la orden judicial en el tiempo fijado, iniciarán acciones legales por posible fraude en la resolución judicial. Las inundaciones en La Mojana, provocadas por la caída de Caregato, han tenido un impacto severo en los residentes de esta región que alberga el 10% de las tierras fértiles de Colombia.