La capital del país atraviesa una crisis silenciosa pero profunda en la gestión de su movilidad urbana. A los crecientes niveles de siniestralidad y el debilitamiento del control institucional en las vías, se suma ahora una advertencia legal de alto calibre: la empresa GyP (Grúas y Patios Bogotá) evalúa interponer una demanda contra el Distrito por incumplimiento contractual, que podría superar los 10.000 millones de pesos.
Un contrato sin ejecución efectiva
La empresa GyP, actual concesionaria del servicio de patios e inmovilización vehicular argumenta que el Distrito ha incumplido las condiciones contractuales pactadas para garantizar la operación del sistema de control de tránsito, especialmente en lo relacionado con las metas de inmovilización y el uso efectivo de grúas en las vías.
Este incumplimiento no solo ha generado un detrimento patrimonial para la concesionaria, sino que también ha contribuido al deterioro operativo del sistema de control vehicular en Bogotá. La reducción sustancial en la inmovilización de vehículos ha tenido un impacto directo en la seguridad vial, los ingresos del Distrito y la percepción de autoridad en la ciudad.
Cifras que generan alerta
Según la Personería de Bogotá, en lo corrido de 2024 se inmovilizaron en promedio 6.577 vehículos por mes, una caída del 22,8% respecto a 2023. Esta reducción representa una pérdida superior a los 4.400 millones de pesos en recaudo, equivalentes a una disminución del 12% en ingresos proyectados por este servicio.
Este debilitamiento del sistema de control, cuya ejecución depende en parte del respaldo institucional, ha generado un contexto de mayor caos, infracciones e inseguridad vial.
Una ciudad fuera de control en materia de movilidad
Durante el 2024, Colombia reportó 8.030 muertes por siniestros viales, un incremento del 14,56% frente al promedio de los últimos cinco años. De esas muertes, 565 ocurrieron en Bogotá, lo que evidencia un escenario crítico para la ciudad.
Los motociclistas siguen siendo las principales víctimas, con el 61,9% de los fallecidos a nivel nacional. A esto se suma una preocupante falta de vigilancia en horarios críticos, una disminución de presencia en vía por parte de los cuerpos de control y una sensación creciente de impunidad e inseguridad en el espacio urbano.
Riesgo legal para el Distrito
La empresa GyP ha anunciado que adelanta los trámites jurídicos necesarios para hacer valer sus derechos contractuales y reclamar el resarcimiento de las pérdidas ocasionadas por la inacción institucional y la falta de ejecución de los compromisos pactados.
De prosperar esta acción, el Distrito podría enfrentar una demanda millonaria que agravaría aún más la situación fiscal, ya afectada por la caída en ingresos derivados del control de tránsito.
El orden en el tránsito no es solo una meta técnica: es una responsabilidad legal, institucional y ciudadana. Bogotá no puede seguir cediendo terreno ante el caos.