El trabajo coordinado de la Fiscalía General de la Nación y la SIJIN de la Policía Metropolitana
de Bogotá permitió ocupar 20 inmuebles urbanos y 1 establecimiento de comercio que
habrían estado al servicio de las redes involucradas en la comercialización de celulares
hurtados.
Las diligencias se realizaron en las localidades de San Cristóbal, Engativá y Los Mártires, en
Bogotá.
A los bienes, al parecer, llegaban los equipos robados para que les fueran modificados los
sistemas de seguridad e identificación. Posteriormente, con las condiciones originales y de
fábrica alteradas, eran almacenados y puestos a la venta.
Abundante material de prueba da cuenta de la destinación ilícita de los predios. En ese
sentido, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio los afectó
con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de
posesión.
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 14.970 millones de pesos, quedaron a
disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.