La registarduria sigue enfocada en lograr que las elecciones territoriales se desarrollen en condiciones de libertad, transparencia y seguridad, para garantizar el blindaje del proceso.
Así lo dijo el registrador Alexander Vega y a la vez aseguró que han llegado a la cifra más alta de candidaturas y que no está en sus planes trasladar mesas de votación por hechos de orden público.
Desde octubre del año 2022, la Registraduría se encuentra desarrollando la organización y dirección de las elecciones de autoridades territoriales que se realizarán el 29 de octubre de 2023.
Las primeras actividades de un calendario electoral son la inscripción de ciudadanos para la conformación y actualización del censo electoral y el registro de comités e inscriptores de candidaturas con el apoyo de grupos significativos de ciudadanos o promotores del voto en blanco, que inician con un año de antelación a una determinada votación.
Desde ese momento y hasta la fecha, la Registraduría no ha parado de trabajar para que las elecciones territoriales se desarrollen en condiciones de transparencia, libertad y seguridad.
Ademas añadió que se ha llegado a la cifra más alta de candidaturas que es de 132.553 a nivel nacional, esto representó un aumento del 13,73% en relación con el número de candidatos para las elecciones territoriales del 2019.
La cifra definitiva al cierre del periodo de los cinco días de modificaciones (4 de agosto), por no aceptación o renuncia de candidatos, fue de 128.105 candidatos inscritos, esto representó un aumento del 9,92% en relación con el número de candidatos para las elecciones territoriales del 2019.
De esa cifra global, hay 246 candidatos a gobernaciones, 3.734 para asambleas departamentales, 6.107 para alcaldías, 103.171 para concejos municipales y 14.847 para juntas administradoras locales.
Al momento de la inscripción, los funcionarios electorales competentes en todo el territorio nacional verifican, exclusivamente, los requisitos formales de las inscripciones (ej. edad, avales, acuerdos de coalición, entre otros).
El estudio de esas posibles inhabilidades o incompatibilidades recae, en primera instancia, en las agrupaciones políticas que postulan esos candidatos y, posteriormente, una vez se encuentra la cifra definitiva de candidatos se hace una remisión a los organismos competentes en la materia, en especial, al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría.