Por Gerardo Joleanis Bello

El caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) vuelve a afectar al excongresista Andrés Calle Aguas.

La Fiscalía General de la Nación ha tomado medidas de extinción de dominio sobre cuatro propiedades situadas en Montería, las cuales son parte del patrimonio de Calle Aguas, quien fue presidente de la Cámara de Representantes. Esta acción forma parte de una ofensiva que abarca 25 bienes posiblemente ligados a seis de los principales implicados en el escándalo de corrupción de la Ungrd.

En total, se están involucrando 19 propiedades y seis empresas que tienen un valor preliminar que supera los 20. 000 millones de pesos. Uno de los operativos en contra de una de las propiedades de Calle se enfocó en un apartamento ubicado en la torre de apartamentos San Giorgio, en la calle 73 con carrera 2, en el norte de Montería, donde llegó ayer un grupo del organismo investigativo.

Esta no es la primera ocasión en que la Fiscalía investiga bienes y propiedades asociados al excongresista de Córdoba. En marzo pasado, las autoridades realizaron un operativo en el edificio K62 de Montería, propiedad que está vinculada a las investigaciones y donde, según los señalamientos que están siendo indagados, Calle habría recibido dinero relacionado con el esquema de corrupción de la Ungrd, de la mano de Sneyder Pinilla.

Las disposiciones emitidas por la Fiscalía abarcan propiedades que están conectadas no solo con Calle, sino también con el ex presidente del Congreso Iván Name, los ex directivos de la Ungrd Olmedo López y Sneyder Pinilla, el contratista Luis Eduardo López Rosero, y el ex asesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.

Las propiedades están distribuidas en Bogotá, Montería, Medellín, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio y Sabana de Torres. Las autoridades han llevado a cabo embargos, secuestros, suspensiones de poder dispositivo y toma de posesión de bienes, fondos y negocios.

El sistema judicial está investigando a Calle Aguas por supuestos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravada. La investigación sugiere que Calle habría recibido mil millones de pesos provenientes del esquema de corrupción vinculado al contrato de los 40 carrotanques destinados a La Guajira. Según los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, entre otros elementos de la pesquisa, el dinero habría sido entregado a Calle Aguas en Montería a cambio de su apoyo en la tramitación de reformas del Gobierno de Gustavo Petro mientras él era presidente de la Cámara.

Este asunto llevó a su renuncia a su cargo. Su defensa ha solicitado su libertad provisional argumentando un vencimiento de términos, no obstante, la Corte Suprema ha confirmado que debe permanecer en la cárcel La Picota de Bogotá, donde sigue mientras se desarrolla la etapa del juicio.

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