Luis Miguel Cotes Habeych y Rosa Cotes de Zúñiga, durante los periodos en los que estuvieron
a cargo del departamento, habrían permitido sobrecostos en la ejecución de la obra y otras
posibles irregularidades contractuales que generaron pérdidas por 76.327 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a los exgobernadores de Magdalena, Luis
Miguel Cotes Habeych y Rosa Cotes de Zúñiga, como posibles responsables de los delitos de
contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de
terceros.
Los hechos que se les atribuyen están relacionados con el contrato 617 del 4 de octubre de
2013, que ascendió en valor a 432.010 millones de pesos y contempló el mejoramiento del
tramo vial que conduce de Palermo a Sitionuevo, Remolino y Guáimaro (Magdalena), lo que
se denominó en su momento como ‘Vía de la Prosperidad’.
Los elementos de prueba dan cuenta de que el señor Cotes Habeych, en su condición de
gobernador en el periodo 2012 – 2015, al parecer, tramitó y celebró en forma irregular el
contrato cuestionado, principalmente por utilizar unos estudios y diseños desactualizados que
terminaron por afectar su correcto desarrollo. En ese sentido, habría omitido su deber de
vigilancia sobre el proceso contractual y permitido que avanzara en medio de sobrecostos.
Estas irregularidades y los dineros que se dejaron de descontar al contratista por concepto de
impuestos generaron pérdidas al departamento por 28.416 millones de pesos.
De otra parte, la señora Cotes de Zúñiga, quien ejerció como mandataria en Magdalena entre
2016 y 2019, dio vía libre a un otrosí y tres modificaciones hechas al contrato original, las
cuales cambiaron las condiciones técnicas, presupuestales y de tiempo de ejecución definidas
inicialmente. Por estas actuaciones, se pagaron 47.911 millones de más por la obra.
En ese sentido, el proyecto que estableció la construcción de 52.6 kilómetros en 35 meses fue
entregado muchos años después con tan solo 18.2 kilómetros ejecutados. Además, el precio
pactado de 8.213 millones de pesos por kilómetro pasó a 18.179 millones de pesos.
El juicio en contra de los dos gobernadores comenzará en la fecha que fije la Sala Especial de
Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.