La Fiscalía General de la Nación dispuso las primeras diligencias y testimonios dentro de la investigación por presunta instrumentalización de personal femenino en la Casa de Nariño durante la pasada administración.
La Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar orientada a determinar la eventual existencia de conductas punibles relacionadas con la contratación de al menos 48 mujeres a través de órdenes de prestación de servicios (OPS) en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
La determinación procesal quedó en manos de una fiscal perteneciente a la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, despacho que dispuso de inmediato un programa metodológico y la conformación de un equipo técnico judicial para recaudar elementos materiales probatorios.
Como parte de las primeras decisiones del ente investigador, se fijaron citaciones a declaración para las exdirectoras de esa dependencia, Laura Sarabia y Angie Rodríguez. Las diligencias procesales incluirán además las comparecencias de otros funcionarios y exempleados del Dapre, así como de personas vinculadas contractual o laboralmente con las áreas administrativas señaladas en el expediente.
El caso tuvo origen en las declaraciones públicas formuladas durante un debate de control político adelantado el pasado 21 de octubre en la Comisión Segunda del Senado de la República. En dicha sesión, el actual director del Dapre, Carlos Ríos, expuso cuestionamientos frente a la finalidad y ejecución de 48 vínculos contractuales pactados bajo la modalidad de OPS.
Ríos manifestó ante la célula legislativa que los convenios de prestación de servicios habrían sido utilizados presuntamente para mantener e instrumentalizar al personal femenino en la sede del Ejecutivo, señalando que la entidad cuenta con testimonios de personas contratadas en ese periodo que dan cuenta de las anomalías operativas y del manejo interno dado a las instalaciones de la Presidencia.
Con la apertura de esta indagación, la Fiscalía busca verificar la legalidad de los procesos de selección, el cumplimiento de los objetos contractuales, los soportes de pago y la eventual vulneración de derechos o extralimitación de funciones por parte de quienes ejercieron la ordenación del gasto en el Dapre.