La Corte Constitucional confirmó que no convocará a la Sala Extraordinaria para examinar el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró el estado de Emergencia Económica en todo el país por un término de 30 días. Pese a las especulaciones sobre una posible sesión inmediata ante la gravedad de la crisis fiscal, el alto tribunal informó que el control de legalidad iniciará formalmente el 13 de enero de 2026, una vez concluya la vacancia judicial.
La decisión de la Corte se produce horas después de que el Ejecutivo sancionara la norma, justificándola en la necesidad de obtener recursos para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud, fortalecer la Fuerza Pública y cubrir el «hueco fiscal» de 16 billones de pesos dejado por el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.
La Sala Plena enfatizó que el control judicial debe cumplir con las reglas de organización y funcionamiento de los despachos judiciales. Según el comunicado oficial, el respeto a las situaciones administrativas y a la vacancia judicial de los servidores es imperativo. «Lo anterior genera un efecto operativo que solo es y será restablecido conforme a la ley, una vez culmine el período de vacancia judicial».
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