Por Gerardo Jolianis Bello
La Defensoría del Pueblo negó gran parte de las declaraciones de las autoridades en Córdoba el 24 de enero pasado. Tras un consejo de seguridad, se descartó la presencia de grupos marginados como el Eln o disidencias de las Farc, proporcionándoles un grado de tranquilidad.
En las últimas semanas, la Fundación Cordobexia ha manifestado su inquietud por la seguridad en esa región del territorio cordobés, lo que impulsó un consejo extraordinario de seguridad encabezado por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara y los altos cargos militares y policiales de la zona.
En las últimas horas, Iris Marín Ortiz, la propia defensora del Pueblo, ha emitido una alerta de emergencias que impacta de forma desmedida a las comunidades rurales, afrocolombianas e indígenas.
El 20 de enero pasado, la Fundación Cordoberxia expresó: «En las últimas semanas se han reportado llamadas, encuentros y presencia de individuos que portan y hablan en representación de las disidencias de las Farc en ciertas veredas del sur del departamento de Córdoba que parecen provenir del Bajo Cauca».
Esto abarca los municipios de Tierralta, Valencia, Montelíbano y Puerto Libertador. Es verdad que se reportaron desplazamientos de comunidades originarias en el sur del departamento, a causa de conflictos en esa zona.
Frente a las declaraciones de la Defensoría del Pueblo, es necesario implementar acciones de seguridad en esa región para prevenir situaciones similares a las que se presentan actualmente en el Catatumbo, sur de Bolívar y Cauca.