La lista de parlamentarios bajo la lupa incluye nombres de peso tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.
En una decisión que sacude los cimientos del Capitolio Nacional, el Consejo de Estado ha admitido formalmente una demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas salpicados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El recurso, interpuesto por Pablo Bustos en representación de la Red de Veedurías Ciudadanas, busca la máxima sanción política en Colombia: la «muerte política».
La lista de parlamentarios bajo la lupa incluye nombres de peso en diversas bancadas, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. Los señalados son los senadores Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo. Y los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.
Aunque la demanda inicialmente fue rechazada el pasado 26 de enero por defectos de forma, el consejero de Estado Juan Enrique Bedoya decidió darle trámite tras la subsanación presentada por Bustos. El demandante logró acreditar debidamente la elección de los congresistas y certificar el envío de la documentación necesaria, activando así el reloj judicial para los legisladores.
La Red de Veedurías sustenta su petición en dos causales gravísimas contempladas en la Constitución: tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades.
Según el libelo de la demanda, los parlamentarios habrían convertido su función legislativa en una moneda de cambio. Se les acusa de haber gestionado o exigido contratos y cuotas burocráticas dentro de la Ungrd. A cambio de estos beneficios personales o para sus regiones, los congresistas habrían comprometido su voto para respaldar iniciativas críticas del Gobierno Nacional, incluyendo reformas estructurales y la aprobación de operaciones de crédito público esenciales para el Ejecutivo.
El proceso no parte de cero. Los hechos narrados en la demanda se apoyan en las explosivas declaraciones que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, rindieron ante la Fiscalía General de la Nación.
Ambos exfuncionarios, hoy en busca de beneficios judiciales, señalaron la existencia de acuerdos irregulares para direccionar contratos por montos millonarios hacia distintas regiones del país como forma de pago por favores políticos.
Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado inicia ahora la etapa de decreto y práctica de pruebas. Este tribunal administrativo deberá determinar si existen pruebas fehacientes de que los congresistas utilizaron su cargo para obtener un provecho indebido.
De ser hallados responsables, la pérdida de investidura implicaría no solo la salida inmediata de sus actuales curules, sino la incapacidad permanente para volver a ocupar cargos de elección popular, marcando un precedente histórico en la lucha contra la corrupción administrativa en el corazón de la democracia colombiana.