Por Gerardo Jolianis Bello
El análisis de 4.000 fallos judiciales relacionados con la adjudicación de terrenos en Córdoba se inició con 31 resoluciones previamente evaluadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), siguiendo un mandato dictado por la Corte Constitucional en el fallo SU 288 del año 2022. En 2025, un grupo de 20 funcionarios comenzará a verificar las demás sentencias en las que jueces locales y nacionales asignaron territorios que podrían haber sido un baldíos para la nación.
La acción tiene como objetivo detectar anomalías en estos procedimientos de adjudicación. «De las 4.000 asignadas en junio, solo llevamos a cabo 31 revisadas», precisó Gustavo González Geraldino, responsable de la Unidad de Gestión Territorial de la ANT en Córdoba, quien agregó que el departamento emitió la primera resolución de reconocimiento de derechos del país.
La revisión busca establecer qué adjudicaciones fueron legales y cuáles muestran anomalías. El procedimiento comprende el estudio de cada situación para confirmar si los beneficiarios satisfacen los criterios para ser objeto de reforma agraria. Las primeras 31 resoluciones evaluadas sitúan a Córdoba en la posición de líder en este proceso a escala nacional.
No obstante, la ANT no ha proporcionado datos preliminares acerca de posibles anomalías debido al número de casos pendientes. El cumplimiento de estas resoluciones se añade a otros procedimientos de recuperación de tierras en Córdoba, donde la ANT ya detectó cerca de 100.000 hectáreas de baldíos que necesitan ser recuperados, principalmente en áreas próximas a ciénagas y cuerpos de agua.
El equipo asignado para este trabajo tiene la responsabilidad de evaluar tanto la legitimidad de las adjudicaciones como la observancia de los criterios fijados por la Corte Constitucional, incluyendo perspectivas de género y diferencia étnica incorporadas desde 1994.
