Por Gerardo Jolianis Bello
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas judiciales a cinco individuos, incluyendo un concejal en funciones de San Carlos, Córdoba, por supuesta facilitación de las actividades del grupo armado ilegal Clan del Golfo en la región.
Los acusados habrían establecido una red enfocada en publicidad sobre acciones de la fuerza pública y señalar a ciudadanos que no seguían las pautas de la organización delictiva. De acuerdo con el organismo investigador, Lewis Joel Acosta Soto, el cabildante, habría tenido la responsabilidad de reconocer posibles víctimas de homicidios y guiar las actividades ilícitas en áreas concretas del departamento.
Además, se le imputa la administración de recursos económicos y logísticos para la subestructura Javier Yepes Cantero.
Manuel Santiago Reyes Morales, apodado ‘Indio’; Nafer José Polo López, apodado ‘Barbero’; Claudia Patricia Espitia Guarne y Jairo Segundo Sánchez Polo, también fueron detenidos. Los arrestados habrían desempeñado funciones de supervisión en las instalaciones y personal de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales llevó a los detenidos a un magistrado de control de garantías, quien les imputó el crimen de concierto para delinquir con agravación. Ninguno de los acusados aumentó las acusaciones y todos fueron sometidos a medida de aseguramiento en prisión.
Las investigaciones mostraron que esta organización delictiva funcionaba como un elemento especializado del Clan del Golfo en Córdoba, responsable de supervisar las acciones de las autoridades y ejercer dominio territorial sobre la población civil.
La red también habría tenido la tarea de detectar y denunciar a ciudadanos que se resistían o no obedecían las directrices dictadas por el grupo armado ilegal, propiciando de esta manera la realización de actos violentos contra la comunidad y las autoridades de seguridad.
El caso sigue en marcha mientras las autoridades progresan en la investigación para establecer el ámbito de las actividades ilícitas y la potencial implicación de otras personas en el entramado delictivo.