Por Gerardo Joleanis Bello
Aparentemente, la situación se repite en la vereda Batata, en la zona rural del municipio, específicamente en el terreno llamado Puerto Rico, donde años atrás se edificó un colegio invadiendo propiedad privada.
Ahora, la polémica gira en torno a la construcción de dos puentes en esa misma área, con un costo cercano a los 6 mil 174 millones de pesos. Sin embargo, la dueña de esas tierras, Adriana Isabel Gómez Echenique, ha estado solicitando formalmente que se aclare la construcción de estos puentes en su propiedad, pero la administración municipal se ha negado a responder.
Incluso, la Secretaría de Planeación ha querido desmarcarse del tema, a pesar de que le corresponde definir los detalles del proyecto y manejar los procesos de licitación.
La construcción fue adjudicada al Consorcio Puentes BandT 2025, con Esteban David Verbel Corona como su representante legal, y la supervisión fue encargada al Consorcio Inter vial Batata, liderado por Mario Alberto Almanza.
Gómez Echenique, a través de un derecho de petición y una tutela, informó a la Secretaría de Planeación de Tierralta que, tras un estudio topográfico particular, se confirmó que “los puentes cruzan mi propiedad en una extensión de 5 mil 970 metros cuadrados.
Dado que, como propietaria de la finca Puerto Rico, con su respectivo registro, no fui notificada ni se me comunicó ninguna decisión oficial que declarara la utilidad pública, expropiación, servidumbre o afectación del terreno”, reclamó la dueña del predio. No obstante, la respuesta que recibió fue esquiva, señalando a la Secretaría de Infraestructura Municipal como responsable.