Por Gerardo Joleanis Bello
La administración del presidente Abelardo De la Espriella había señalado a través del Ministerio de Agricultura y de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que los terrenos entregados por la administración anterior estaban inflados y que la verdadera situación era distinta. Estas críticas se repiten en el departamento de Córdoba con el mismo involucrado.
En septiembre de 2024, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) formalizó un acuerdo con la Asociación Campesina Regional Los Laureles para iniciar la producción en la finca Maragón, de 50 hectáreas, situada en el municipio de Sahagún y perteneciente al cuestionado exsenador Otto Bula Bula. Sin embargo, el terreno estaba en disputa y a la espera de que un juez del país decidiera su futuro, pero el gobierno de Gustavo Petro, en su esfuerzo por asignar tierras, se las otorgó a 100 miembros, quienes comenzaron a cultivarlo de inmediato.
Los agricultores que laboraban en esos terrenos ya recibieron notificaciones sobre esta decisión y, al igual que ocurrió en julio pasado con aquellos que estaban en circunstancias similares en el terreno El Central, Otto Bula también deberá abandonar Maragón.
Uno de los aspectos que se comunicó a los integrantes de la Asociación fue que la finca se encontraba en proceso de titulación, lo que según la resolución judicial no era cierto, ya que dicha finca fue regresada a su dueño.
La administración de De la Espriella ya había cuestionado el acuerdo por cerca de un billón de pesos entre la ANT y la SAE, que contemplaba la adquisición de 537 terrenos, de los cuales solo tres habrían sido titulados. Este caso se asemeja a lo sucedido en El Central, en la jurisdicción de Aguas Negras, en Montería, donde otras 46 familias campesinas tuvieron que abandonar ese sitio y fueron reubicadas en otro terreno con condiciones adversas para el cultivo.
“Las entregas temporales de terrenos que aún no estaban tituladas por la ANT pueden acarrear complicaciones a las asociaciones campesinas, muchas de las cuales están formadas por mujeres del ámbito rural”, advirtió la directora de la ANT, Lina Garrido, quien además reconoció que esta situación generaría muchos conflictos con las diversas asociaciones que supuestamente se beneficiarían de la entrega de tierras. Las irregularidades percibidas en la ANT fueron tantas que su directora mencionó que la situación podría ser más grave que la de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.