Por Gerardpo Joleanis Bello
El pasado abril, el gobierno de Gustavo Petro anunció en Córdoba la creación del Área de Producción para la Producción de Alimentos (Appa) más grande de Colombia, cubriendo 667 mil hectáreas.
Esta medida generó preocupación en diversos sectores económicos de la zona. La situación era delicada, pues de los 30 municipios del departamento, 17 se vieron afectados por esta disposición que limitaba ciertas actividades. En aquel entonces, El Meridiano consultó a Víctor Cabarcas, ingeniero civil y asesor en Gestión Socio-Predial en Infraestructura Vial, quien señaló que estas directrices afectarían áreas como la vivienda rural, la minería, las instalaciones solares y los hidrocarburos.
Esto, a su vez, mermaría los ingresos de la Gobernación y los municipios de Córdoba, desanimando nuevas inversiones. Ahora, con la reciente decisión del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, de suprimir las Appa en 79 mil 782 hectáreas de ocho municipios de La Guajira, se espera una medida similar en Córdoba, donde la protección abarca 667 mil 34 hectáreas, siendo Montería la más perjudicada con 182 mil 482 hectáreas bajo esta figura.
Los municipios de Ayapel, Buenavista, Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Purísima, Sahagún, San Antero, San Carlos, San Pelayo y Montería fueron designados como zonas Appa. No obstante, se criticó que en localidades como la capital, San Pelayo y Cereté, las áreas afectadas superaran el 50%; en Cereté, por ejemplo, las restricciones para ciertas actividades económicas cubren el 76% de su territorio.
Desde el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella se ha informado que la eliminación de las Appa busca restaurar la confianza entre productores e inversionistas del sector, crear condiciones propicias para generar empleo, incrementar la disponibilidad de alimentos y fortalecer integralmente la economía rural.
Por ello, existe una expectativa clara en Córdoba sobre el futuro de las Áreas Protegidas, ya que para algunos sectores se trató de una ley camuflada de Jurisdicción Agraria, al no poder concretarse en el Congreso.