La orden presidencial surge en un contexto de fricciones entre el Ministerio de las TIC y Plural Comunicaciones.
En un movimiento que podría desatar una batalla legal, el presidente Gustavo Petro le ordenó al ministro de las TIC, Julián Molina, iniciar un proceso de licitación para el Canal 1. La sorpresiva instrucción se dio durante un consejo de ministros transmitido el viernes 15 de agosto, a pesar de que la concesión actual del canal, operado por Plural Comunicaciones SAS, sigue vigente hasta 2037.
Petro justificó la medida afirmando que busca una «nueva forma de manejar la televisión» en Colombia, en la que, según él, debe tener protagonismo la «gente del arte y la cultura» y no estar en manos de «potentados económicos» o del gobierno. Si bien no presentó argumentos legales concretos para la decisión, el presidente señaló que hay «irregularidades» en la operación actual del canal.
La orden presidencial surge en un contexto de fricciones entre el Ministerio de las TIC y Plural Comunicaciones. El ministerio está investigando a la empresa por presuntos incumplimientos contractuales, específicamente por cambios en su composición accionaria sin la autorización previa requerida.
Según documentos del MinTIC, a finales de 2022 Plural Comunicaciones modificó la estructura de sus socios y no actualizó el Registro Único de Operadores (RUO), un requisito fundamental del contrato de concesión. La normativa exige que cualquier ajuste en la participación de los socios sea aprobado por la Autoridad Nacional de Televisión, cuyas funciones ahora recaen en el ministerio.
Por su parte, Plural Comunicaciones ha negado las acusaciones, calificándolas de un intento de «expropiación». Ramiro Avendaño, presidente del canal, ha asegurado que la propiedad y la concesión no han cambiado y que los movimientos internos de socios están permitidos. Avendaño afirmó además que el mismo Ministerio había informado previamente que no era necesario reportar esos ajustes internos.
Con la concesión vigente por más de una década, la decisión de adelantar la licitación del Canal 1 promete generar un debate jurídico que podría terminar en los tribunales, poniendo a prueba la autoridad del Gobierno y el futuro de uno de los principales medios de comunicación del país.