La exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, esta vez debido a la formulación de pliego de cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación.
La investigación se centra en presuntas irregularidades en la contratación durante su gestión, específicamente en la firma de un convenio interadministrativo. La Procuraduría califica de manera provisional la conducta de Urrutia como falta gravísima cometida a título de dolo.
La exfuncionaria, conocida por su destacada trayectoria deportiva, se enfrenta a acusaciones de haber desconocido los principios éticos fundamentales en la contratación estatal durante su gestión. Según la Procuraduría, Urrutia habría pasado por alto las advertencias del grupo de contratación de la entidad, que señalaba la existencia de más oferentes y la posibilidad de gestionar un proceso más plural.
En el centro de la controversia se encuentra la utilización de la contratación directa para vincular a la Alianza Pública para el Desarrollo (Aldesarrollo). La investigación revela que la exministra habría omitido información crucial, como la falta de personal idóneo en Aldesarrollo para cumplir con las obligaciones pactadas. Esto, según la Procuraduría, constituiría una falta disciplinaria de tipo gravísima cometida a título de dolo.
Esta no es la única instancia en la que Urrutia enfrenta problemas legales. Además de la formulación de cargos por presuntas irregularidades en este convenio interadministrativo, la exministra también está inmersa en otro proceso en la Corte Suprema de Justicia. En este caso, se le acusa de haber firmado más de 100 contratos por prestación de servicios en un lapso de cuatro días, presuntamente para beneficiar a personas recomendadas anteriormente.
La fecha de la audiencia de formulación de cargos en la Corte Suprema está programada para el próximo 15 de febrero de 2024. La Procuraduría y la Fiscalía sostienen que Urrutia Ocoró ha desconocido las normativas legales y éticas en ambas instancias, pero la exministra mantiene su postura de inocencia, argumentando que su actuación fue en beneficio de la continuidad laboral de los trabajadores del Ministerio del Deporte.