Por César López Linares
De 2018 a 2024, cerca de 913 periodistas de 15 países de América Latina se han visto forzados a desplazarse a otros países para proteger sus vidas, su seguridad y la de sus familias. Una gran parte de ellos termina abandonando la profesión por completo.
Este estimado viene del recientemente publicado informe “Voces Desplazadas: Radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018-2024”, cuyos autores dicen que la cifra representa una herida abierta en las democracias latinoamericanas.
“Que sean 15 países que hayan expulsado a periodistas por el simple hecho de hacer su trabajo nos revela que las democracias en América Latina están pasando por un proceso de erosión bastante importante”, dijo a LatAm Journalism Review (LJR) Óscar Mario Jiménez, investigador de la Universidad de Costa Rica y coordinador de investigación del informe.
“Voces Desplazadas” fue desarrollado colaborativamente por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica, la organización Fundamedios y la Cátedra UNESCO en Comunicación y Participación Ciudadana de la Universidad Diego Portales de Chile, con apoyo de la UNESCO.
El informe encontró que Venezuela, Nicaragua y Cuba son los países de los que más periodistas huyen, con el 92 por ciento del desplazamiento en la región, indicó el informe. Por otro lado, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España y México son los países que más periodistas desplazados reciben.
Además, el documento encontró que las dos principales razones del desplazamiento internacional de periodistas son la persecución política y las amenazas del crimen organizado o actores corruptos.
“Notábamos que [el desplazamiento forzado de periodistas] era un fenómeno en crecimiento y que ha afectado a varios países, pero hacía falta una mirada regional”, dijo Jiménez. “Esto es como un primer intento de tener esa radiografía con una perspectiva más global del fenómeno en términos de América Latina”.
La cifra de 913 periodistas desplazados es una estimación obtenida a partir de una metodología que incluyó entrevistas con organizaciones, encuestas digitales y grupos focales con periodistas en el exilio. No obstante, Jiménez dijo que el número real es seguramente más alto.
“Estamos absolutamente seguros que son más de 913 periodistas [desplazados]”, dijo. “Muchos periodistas no reportan [su salida] a ninguna organización, y los Estados no llevan un inventario de las personas que salen o de las personas que entran”.
El informe clasificó a los países latinoamericanos según la cantidad de periodistas expulsados. A la cabeza, con el número más alto de desplazamientos forzados están Venezuela, Nicaragua y Cuba. Les siguen Guatemala, Ecuador, El Salvador, Haití y México. Luego vienen Colombia, Bolivia, Honduras, Perú, Chile, Paraguay y Argentina. Finalmente, Belice, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Uruguay y Brasil son países en donde no se registraron salidas forzadas de periodistas.
No obstante, del cierre de la investigación hasta la fecha, la situación del desplazamiento de periodistas se ha agravado por diversos factores, dijo Jiménez. Entre ellos están la eliminación en Estados Unidos del “parole humanitario” que ese país otorgaba a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, y la consolidación del giro autoritario del presidente Nayib Bukele en El Salvador, cuyos cambios constitucionales han acelerado la asfixia del periodismo.
“El Salvador, que en diciembre del 2024 estaba en una estimación de un país con salida moderada, ha subido un escalafón en la categorización que hicimos, porque solo en los últimos tres meses la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha señalado que han salido aproximadamente 40 o 50 comunicadores de ese país”, dijo Jiménez.
La principal consecuencia del desplazamiento forzado de periodistas es que va mermando el acceso de la ciudadanía de sus países a información veraz y oportuna dentro de sus propios territorios, concluyó el informe. La mayoría de un grupo de 98 periodistas en el exilio que respondieron una encuesta de la investigación mencionaron que salir de su país significó la creación de un vacío informativo, dijo Jiménez.
“Empiezan a haber desiertos informativos donde no se habla de algunos temas, no se tocan algunas temáticas, no se señalan algunas problemáticas, lo cual al final a quien termina afectando es a la democracia misma”, dijo.
Muchos obstáculos en el camino
Con apenas 100 dólares, una mochilita con ropa y sin conocer a nadie, el periodista Víctor Manuel Pérez llegó a Costa Rica en agosto de 2018, huyendo de su natal Nicaragua. Su madre le había suplicado que saliera del país ante la arremetida de la dictadura de Daniel Ortega contra la prensa durante la llamada “Operación Limpieza”, una oleada de represión contra protestas sociales que surgieron ese año.
Tras su llegada a Costa Rica, Pérez enfrentó la mayoría de los principales retos para ejercer el periodismo en el exilio que “Voces Desplazadas” documentó: lograr existencia jurídica; enfrentar rechazo y xenofobia; riesgos a la seguridad de las fuentes en el terreno; riesgos a la seguridad personal y de la familia; y superar obstáculos legales y profesionales para ejercer.
Luego de brincar de un alojamiento a otro hasta establecerse en una habitación compartida con ocho personas, Pérez se topó con complicaciones para formalizar su estatus de refugiado. Tuvo que hacer fila todos los días de madrugada durante una semana solo para hacer una cita hacer su solicitud.
“Me iba desde las 3 de la mañana hasta las 10 que cerraban y me tocó ir por lo menos una semana seguida, porque nunca había espacio”, dijo Pérez a LJR. “En septiembre [de 2018] solicité el refugio. Me dieron cita hasta el 2026 para la elegibilidad, que es la entrevista que te hacen para ver si te dan o no el refugio”.
Gracias a sus habilidades investigativas, Pérez se documentó e interpuso un recurso de amparo. A los cinco años, en 2023, obtuvo el estatus de refugiado. No obstante, en esos cinco años de espera estuvo limitado para realizar casi cualquier actividad, desde salir del país, hasta abrir una cuenta bancaria y, por supuesto, trabajar.
No obstante, en cuanto pudo, Pérez retomó su actividad periodística. Con cuatro colegas que conoció en el exilio creó el medio digital República 18. Juntos informaban sobre la crisis en Nicaragua. Luego, durante la pandemia, fundó Intertextual, un proyecto digital sobre temáticas LGBT+, en el que trabaja hasta la fecha.
En línea con los hallazgos del informe “Voces Desplazadas”, Pérez dijo que la seguridad de sus colegas y sus fuentes en Nicaragua ha sido una de sus principales dificultades. Eso ha llevado a su medio a expandir su cobertura a otros países de Centroamérica.
“Ya las fuentes [en Nicaragua] no están dando entrevistas tan públicas. Son muy pocas las fuentes que todavía se atreven a hablar de manera pública o brindar su nombre”, dijo Pérez. “Por un tema editorial, a las personas que todavía siguen dentro de Nicaragua, aunque ellos nos digan su nombre, para no exponerlos, les hacemos un pseudónimo o los ponemos en anonimato”.
La persecución transnacional y de la familia en el lugar de origen, otro de los desafíos identificados en el informe, fue uno de los retos que tuvo que atravesar una periodista en el exilio que pidió ser identificada como Ángela. Originaria de un país latinoamericano con régimen autoritario, Ángela salió de su país en 2018 ante la estigmatización y encarcelamientos que estaban enfrentando colegas en su país.
Con muchos esfuerzos pudo seguir trabajando en su profesión en pocos meses, primero en el área de comunicación de una fundación y luego en algunos medios feministas. Pero pronto se dio cuenta que la persecución en su contra continuaba mediante el acoso a su familia en su país de origen.