Por Gerardo Joleanis Bello
Se ha inaugurado un nuevo capítulo en la extensa batalla relacionada con la herencia de Carlos Espinosa Milanés, conocido como ‘Caldereta’, quien es reclamado por Eduardo Enrique Espinosa Molina.
Este último ha estado luchando por más de 12 años por demostrar su filiación. La novedad en este caso proviene de la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que revocó la absolución de Fredy José Puche López, juez Promiscuo de Familia del Circuito de Cereté, quien ahora enfrenta una condena de 32 meses de prisión.
Además, se le ha destituido de su puesto y se le ha denegado el arresto domiciliario. La Sala dictaminó que el acusado cometió prevaricato por omisión, con intención perjudicial, en desmedro de la administración pública al no ordenar la realización de una prueba de ADN en el procedimiento que tenía como finalidad determinar la paternidad de un hombre que se identificaba como su hijo.
Dentro de esta compleja contienda por la herencia de ‘Caldereta’ existe un aspecto relacionado con la influencia de líderes de grupos paramilitares que, mediante intimidaciones hacia el reclamante, afectarán el proceso. De hecho, esa prueba de ADN se ha convertido en un gran obstáculo y, aunque se ordenó en 2002, se realizó en medio de circunstancias bastante inusuales; una de ellas incluía el alegado cambio del cuerpo de Espinosa Milanés (Caldereta). Además, dicha prueba se ejecutó sin la supervisión de un juez y en ausencia de Medicina Legal, a pesar de que la legislación establece que su intervención es obligatoria.
En abril de 2015, Eduardo Enrique Espinosa Molina, quien formuló la denuncia, solicitó al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Cereté que se llevaran a cabo pruebas de ADN.
Sin embargo, no lo hizo con el cuerpo de su supuesto padre, sino con los de sus hermanos: Clímaco Espinosa Milanés, Carmelo Espinosa Milanés y Rafael Samudio Milanés, quienes son los herederos reconocidos de Carlos Espinosa Milanés. A pesar de ello, en mayo de 2016, el juez Puche Causil denegó esta petición, indicando que solo se tendría en cuenta si no fuera factible conseguir muestras del fallecido.
El asunto fue elevado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, que ayudó la resolución del juez. Esta decisión fue apelada ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Montería. En la fecha del 20 de mayo de 2024, la Fiscalía formalizó una acusación contra el juez Puche Causil, atribuyéndole el delito de prevaricato por omisión en función de autor.
Durante la audiencia, el acusado no admitió su culpabilidad y no se solicitó ninguna medida cautelar. Después de la acusación, el juez cuestionado interpuso una apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, que lo declaró inocente en junio pasado.
Esta resolución de dicho alto tribunal también fue apelada tanto por la Fiscalía como por el demandante de paternidad ante la Corte Suprema de Justicia, que, al recibir la apelación, emitida en su condena de primera instancia: «Revocar la decisión dictada el 19 de junio de 2026 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, que absuelve a Fredy José Puche López por el delito de prevaricato por omisión».