Por Gerardo Jolianis Bello
A menos de un mes del término de la concesión actual del servicio de limpieza en Montería, previsto para el 28 de abril, la ciudad se dispone a una posible transición que podría alterar el sistema de recolección y gestión de desechos sólidos.
La administración municipal examina diversas opciones dentro del contexto jurídico colombiano. De acuerdo con información del sector, desde hace tiempo, la Alcaldía de Montería ha estado organizando su propia compañía de servicios públicos, Perla del Sinú, como una de las posibles alternativas para asegurar la continuidad del servicio.
No obstante, los términos fijados en la legislación ya no permitirían iniciar un nuevo proceso de licitación exhaustiva antes del término del contrato vigente.
En este escenario, el municipio se topa con varios escenarios legales previstos en la Ley 142 de 1994. Por una parte, se podría instaurar un sistema de libre competencia en el que varios operadores, como Urbaser y Seacor, proporcionarían el servicio al mismo tiempo a través de contratos de términos uniformes, tal como se menciona en el artículo 128 de la ley mencionada.
Una característica técnica que impacta en la decisión es la infraestructura destinada a la finalización. En la actualidad, Seacor gestiona los vertederos de Ciénaga de Oro y Patio Bonito, mientras que Urbaser carece de infraestructuras propias para tal propósito, después de la orden de clausura del vertedero de Loma Grande. Esta circunstancia conlleva gastos adicionales por el traslado de desechos que finalmente impactan en las tarifas.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene la posibilidad de desempeñar sus funciones de supervisión y control para garantizar que durante este período transitorio no se perjudique la calidad del servicio ni se registren aumentos injustificados en las tarifas.
Estas facultades fueron concedidas por la Ley 142 de 1994 y fortalecidas por la Ley 1340 de 2009 sobre salvaguarda de la competencia. Los usuarios aspiran a que el cambio se lleve a cabo de forma organizada y clara, reduciendo posibles repercusiones en el servicio y en los costos que actualmente abonan por la recogida y eliminación de desechos en la capital de Cordobesa, que varían entre $36.000 para el estrato 1 y $94.000 para el estrato 2.