Por Gerardo Joleanis Bello
La preocupación de las comunidades del Bajo Sinú por el deterioro de la Boca Nueva Colombia, en el río Sinú, empieza a tener repercusiones en el ámbito institucional.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) inició una investigación para establecer si el alcalde de Lorica, Carlos Mario Manzur, habría desatendido los reiterados llamados de los habitantes de Cotocá Arriba y otras poblaciones rurales, que desde hace varios años vienen advirtiendo sobre el riesgo de inundaciones en la zona.
Según informó El Meridiano, la intervención del Ministerio Público se produjo luego de que se hicieran públicas las denuncias de los habitantes, quienes han expresado su preocupación por la fragilidad de este sector del río y las consecuencias que podría traer una nueva emergencia para las familias que viven en sus alrededores.
El problema no es nuevo. Desde hace aproximadamente cinco años, las comunidades vienen insistiendo en la necesidad de una intervención definitiva que permita controlar la situación. Sin embargo, la preocupación aumentó en febrero de este año, cuando un frente frío provocó inundaciones y obligó a realizar trabajos de emergencia para contener el paso del agua.
Aunque el cierre del boquete más grande permitió recuperar cierta tranquilidad, el temor sigue presente. Los habitantes saben que el problema no está resuelto y que el aumento del nivel del río, sumado a la inestabilidad del terreno, mantiene latente la posibilidad de nuevas inundaciones.
Para las comunidades de Cotocá Arriba, los arreglos provisionales y los jarillones construidos artesanalmente ya no son suficientes. Lo que reclaman es una solución de fondo, con obras de ingeniería que garanticen la estabilidad de la zona y protejan las viviendas, los cultivos y el sustento de cientos de familias que dependen de estas tierras.
Con la actuación de la Procuraduría, el debate deja de centrarse únicamente en el riesgo que representa la Boca Nueva Colombia y pone también sobre la mesa la responsabilidad de las instituciones frente a las advertencias de la ciudadanía. Ahora será necesario establecer qué gestiones se realizaron, qué compromisos se adquirieron, cuáles se cumplieron y si existieron posibles omisiones por parte de la Administración Municipal.
Es importante aclarar que la apertura de esta investigación no significa que el alcalde tenga una responsabilidad disciplinaria demostrada. Precisamente, será el proceso el que permita esclarecer los hechos y determinar si hubo incumplimiento de sus deberes como mandatario local. Mientras avanza la actuación del Ministerio Público, las comunidades esperan algo más que explicaciones: necesitan respuestas concretas, obras, compromisos verificables y fechas de ejecución.
Porque cuando se trata de la seguridad de una población, las advertencias no pueden quedarse archivadas ni las soluciones limitarse a intervenciones de emergencia. La prevención debe llegar antes que el agua y la respuesta institucional no debería depender de que ocurra una nueva tragedia para actuar.