Por Gerardo Joleanis Bello
La Superintendencia Nacional de Salud fue solicitada por la Procuraduría General de la Nación para llevar a cabo una inspección contra la IPS DG-IPS y la EPS Familiar Colombia debido a supuestos problemas en el cuidado de los indígenas en Córdoba.
La pesquisa se llevó a cabo tras la denuncia hecha al Ministerio Público por las autoridades rurales zenúes de Montería, quienes afirmaron que estas entidades están llevando a cabo gestiones, afiliaciones y traslados con las comunidades sin obtener antes el consentimiento libre, informado y previo de sus líderes tradicionales. De acuerdo con la denuncia, estas costumbres infringen el principio de autonomía indígena y van en contra del Decreto 1953 de 2014, que define las normativas del Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI).
El órgano de control determinó que, debido a la seriedad de los hechos denunciados, es necesario que la Superintendencia considere el encuadre de copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación. La petición requiere que se examine la posible infracción de derechos fundamentales colectivos, de la ley de origen indígena y de la legalidad administrativa.
La Procuraduría alerta que estos comportamientos podrían constituir delitos contra la administración pública y fraude a subvenciones de afectación al erario público, por lo que necesita un análisis detallado del caso. El Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política reconocen el derecho esencial de las comunidades indígenas a dar su consentimiento libre, informado y previo. Este procedimiento asegura que todas las decisiones que impacten a estas comunidades sean aprobadas por sus autoridades tradicionales.
Las autoridades rurales zenúes expresaron su inquietud porque «están afiliando, trasladando y administrando a comunidades» sin observar sus propios métodos internos de consulta y decisión. La Superintendencia Nacional de la Salud está obligada a decidir si durante los procesos de afiliación y traslado de usuarios indígenas se cometieron irregularidades, así como a comprobar si las normas especiales que salvaguardan a estos grupos en el sistema sanitario han sido acatadas.