Por Gerardo Joleanis Bello
Un Magistrado de control de garantías en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ha emitido órdenes de embargo, secuestro y restricción de venta sobre 18 inmuebles que pertenecían al conocido ‘Parqueadero Padilla’.
Este lugar funcionaba como un eje financiero y de logística para las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). La decisión se tomó a raíz de una solicitud de la fiscalía general de la Nación, y los bienes, estimados en unos 18. 000 millones de pesos, pasarán al Fondo para la Reparación de las Víctimas.
El terreno original se dividió en 18 parcelas separadas, sobre las cuales el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) aplicó las medidas cautelares.
Estos inmuebles se encuentran en la zona donde, el pasado 30 de abril, el CTI llevó a cabo una operación para hallar un lugar donde, supuestamente, se fabricaban uniformes para grupos paramilitares. Durante esa intervención, se descubrieron documentos, registros de contabilidad y equipos de cómputo que confirmaron la existencia de un centro de finanzas y logística para la estructura paramilitar que operaba en Córdoba y Urabá.
Las investigaciones apuntaron a que este centro estaba a cargo de Jacinto Alberto Soto Roro, alias “Lucas”, considerado alguien muy cercano a los hermanos Castaño Gil, quienes lideraban la organización armada ilegal con origen y base de operaciones en el departamento de Córdoba.
Al pasar estos bienes al Fondo para la Reparación de las Víctimas, la justicia busca compensar a quienes sufrieron por las acciones de dicha organización paramilitar.