– La presidenta y vocera del Partido Republicano respalda la necesidad de corregir el déficit fiscal, pero rechaza que el costo del ajuste recaiga sobre los colombianos. Propone retirar los nuevos gravámenes contemplados en la iniciativa del Gobierno y reemplazar los recursos esperados con recortes al gasto público, eliminación de burocracia y reorganización institucional.
La Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo De La Espriella comienza a encontrar reparos incluso en sectores políticos que coinciden con la necesidad de recuperar el equilibrio de las finanzas públicas.
María Fernanda Cabal Molina, presidenta y vocera del Partido Republicano, fijó su posición frente al proyecto y lanzó un mensaje directo al Ejecutivo: retirar los nuevos impuestos y demostrar que el Estado está dispuesto a reducir sus propios gastos antes de trasladar más obligaciones a los contribuyentes.
La propuesta de la exsenadora abre un nuevo frente de discusión política y económica en torno a la iniciativa que fue radicada ante la Cámara de Representantes el pasado 29 de octubre.
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Déficit fiscal no puede convertirse en otra factura para los colombianos
Cabal reconoce que Colombia necesita recuperar el equilibrio de sus finanzas públicas, pero cuestiona que la solución planteada por el gobierno incluya mayores cargas sobre las personas, el consumo y el trabajo. Para sustentar su posición, el Partido Republicano cita cifras de 2025 que ubican el déficit primario en el 3,5 % del PIB y el gasto primario en el 19,9 %.
“Ese hueco fiscal no lo abrió el tendero, ni el transportador, ni la familia que madruga a trabajar. No pueden ser los colombianos quienes paguen otra vez la cuenta de un Estado que gasta más de lo que puede financiar”, afirmó la dirigente política.
Para Cabal, el problema no se resuelve únicamente mediante acciones contra la corrupción. También es necesario revisar la estructura del Estado, identificar cuánto cuesta su funcionamiento, evaluar la pertinencia de sus entidades y determinar cuáles son las funciones que realmente debe cumplir. Su cuestionamiento apunta a que el ajuste fiscal no termine convirtiéndose en una mayor presión para los hogares, los trabajadores y las actividades productivas.
La propuesta: reducir burocracia, entidades y gastos innecesarios
Como alternativa, la dirigente pone nuevamente sobre la mesa los planteamientos de su propuesta MEGA 2040, presentada durante su precampaña presidencial. Esta contempla reducir la estructura ministerial, eliminar entidades y funciones duplicadas, revisar subsidios ineficientes, racionalizar la contratación pública y vender activos improductivos para contribuir a disminuir la deuda.
“¿Por qué no comenzar por una reforma administrativa profunda antes de trasladar nuevas cargas a los contribuyentes? No se trata de debilitar al Estado, sino de eliminar burocracia y gastos innecesarios, protegiendo la seguridad, los servicios esenciales y la inversión pública que genera productividad”, sostuvo Cabal Molina.
El planteamiento del Partido Republicano busca que el Gobierno demuestre capacidad de ahorro mediante una reorganización efectiva de su aparato administrativo. La propuesta no desconoce la necesidad de mantener los servicios esenciales ni la inversión pública, sino que cuestiona la destinación de los recursos y la permanencia de estructuras que, a juicio de la colectividad, podrían resultar duplicadas o improductivas.
Inversión y crecimiento, en el centro de la discusión económica
El pronunciamiento también introduce una preocupación para los sectores empresariales y productivos: el impacto que podrían tener las nuevas cargas tributarias sobre la inversión, la formalización y la generación de empleo. El Partido Republicano reconoce que el proyecto del Ejecutivo contempla disposiciones para reorganizar entidades, reducir gastos de funcionamiento y disminuir gradualmente la tarifa del impuesto de renta empresarial.
Sin embargo, María Fernanda Cabal advierte que esas medidas deben ser compatibles con la Misión Crecer, impulsada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, y con una política económica que estimule la actividad productiva.
“¿Cómo pretendemos estimular la inversión, la formalización y el crecimiento económico, mientras aumentamos las cargas sobre quienes trabajan, ahorran y producen? La disciplina fiscal y el crecimiento deben complementarse, no anularse”, manifestó la dirigente.
En consecuencia, la colectividad plantea retirar los nuevos gravámenes del proyecto de Ley de Rescate y sustituir los ingresos que se esperan obtener con ellos mediante una reducción del gasto estatal. La propuesta tiene una condición: los ahorros deben estar cuantificados y demostrarse durante el debate legislativo.
El documento, sin embargo, no presenta todavía un cálculo detallado que establezca cuánto se ahorraría con cada medida ni cómo se compensaría exactamente el recaudo que dejaría de percibirse.
Una ley que pone a prueba al gobierno y al Congreso
El proyecto de Ley de Rescate Económico fue radicado el 29 de octubre por el Ministerio de Hacienda ante la Cámara de Representantes, con participación del vicepresidente José Manuel Restrepo y del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Según la información publicada sobre la iniciativa, el documento tiene 106 artículos y combina medidas de reorganización estatal, reducción del gasto y modificaciones tributarias.
Entre los puntos que han despertado mayor discusión está la ampliación de la base del IVA y la modificación de tarifas para diferentes productos y servicios. Una revisión publicada por SEMANA señala, por ejemplo, que la iniciativa contempla llevar del 5 % al 19 %, a partir de 2028, productos como café, azúcar, aceites y pastas, además de modificar el tratamiento de algunos bienes actualmente excluidos del impuesto. También se incluyen medidas relacionadas con otros gravámenes y con la reducción del gasto de personal del Estado.
La discusión tiene implicaciones que van más allá de las diferencias entre las colectividades políticas. Para los hogares, el debate se concentra en el posible impacto de los nuevos impuestos sobre sus ingresos y consumo; para las empresas, en las condiciones de inversión, formalización y contratación; y para el Gobierno, en la necesidad de conseguir recursos y reducir el desequilibrio fiscal.
La propuesta de Cabal obliga a poner sobre la mesa una pregunta que deberá resolverse durante el trámite legislativo: cuánto puede aportar realmente la reducción del gasto público al ajuste que necesita el país.
“Antes de preguntarnos cuánto más deben pagar los colombianos, preguntémonos cuánto está dispuesto a ahorrar el Estado”, señaló.
Es necesario revisar qué gastos se mantienen
Cabal insiste en que la discusión no debe limitarse a establecer quién asumirá el costo del ajuste fiscal, sino también a revisar qué gastos se mantienen y cuál es su contribución al desarrollo económico.
Su posición es que el saneamiento de las finanzas públicas debe comenzar por reducir el gasto improductivo y reorganizar las instituciones, sin sacrificar las funciones esenciales del Estado ni la inversión que genera productividad.
“Una cosa es redistribuir ingresos y otra, crear las condiciones para que esos ingresos crezcan. Colombia necesita ambas, pero ninguna política de redistribución sustituye la creación de riqueza”, afirmó la dirigente.
Y concluyó con un cuestionamiento directo al Ejecutivo: porque la verdadera discusión no es solamente quién paga la cuenta, sino qué estamos pagando y si ese gasto contribuye al progreso del país.