Las reformas a la salud y pensional deben estar aprobadas en 90 días.
Por Javier González Penagos
El desafío es mayúsculo y bien se asemeja a una carrera de obstáculos en la que el tiempo es el mayor adversario. El presidente Gustavo Petro tiene poco más de tres meses –de acá al 20 de junio– para aglutinar las siempre esquivas mayorías y lograr aprobar tres de las reformas que constituyen la columna vertebral de su Gobierno y con las que espera garantizar su legado tras su paso por la Casa de Nariño: las reformas a la salud, pensional y laboral.
Sin embargo, el escenario es adverso. Si bien la reforma a la salud ya superó dos de sus cuatro debates en Cámara, aún debe superar otras dos discusiones en Senado antes de convertirse en ley. Pero el tercer debate aún no arranca en la Comisión Séptima del Senado y apenas la semana pasada fue radicada la ponencia positiva con la que se busca transformar el sistema de salud y, entre otras, marginar el papel preponderante que hoy tienen las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
En poco más de 90 días el Ejecutivo debe lograr con la reforma a la salud en el Senado lo que le tomó casi todo 2023 en la Cámara: concluir su trámite en Comisión y luego recibir el visto bueno de la plenaria. No obstante, en esa Corporación otros factores juegan en contra. A diferencia de la Cámara, allí Petro no goza de mayorías y los senadores han demostrado ser más renuentes a ceder y dejarse convencer con burocracia por parte del “gobierno del cambio”.
Por si fuera poco, en la mesa directiva del Senado, Petro no cuenta con un aliado como el presidente de la Cámara Andrés Calle, un liberal con tendencia petrista que –aun en contra de los proyectos de sus mismos compañeros–, priorizó la agenda del Gobierno. En su lugar, en la Presidencia del Senado figura Iván Name, con quien recién la semana pasada Petro chocó, al punto que el congresista le pidió “respeto e independencia”.
La génesis de esa pelea es nada menos que la reforma pensional, que hoy enfrenta un escenario todavía más adverso que el de salud. El proyecto con el que el Ejecutivo le apuesta a conseguir mayor cobertura y tener un manejo público de los recursos de las pensiones apenas fue aprobado en primer debate y debe superar otras tres discusiones –una en plenaria del Senado y dos en Cámara–, antes de convertirse en ley.