Por Gerardo Jolianis Bello
La Agencia Nacional de Tierras ha comenzado el proceso de ocupación y posesión física de las cinco mil hectáreas que los paramilitares desmovilizados entregaron para reparar las víctimas y que estaban bajo la supervisión de un concejal de Buenavista, Córdoba.
Las comunidades han acompañado el proceso con una protesta pacífica. Acompañados de la fuerza pública, al menos 200 guardias campesinos de Córdoba se acercaron al lugar donde se encuentran los delegados del Gobierno. En el sector 72 de la zona rural de San Jorge en Córdoba, se encuentra la hacienda La Argentina, propiedad del concejal del partido de la U, David Jorge Márquez, de Buenavista, Córdoba.
Según Felipe Harman, el director de la Agencia Nacional de Tierras, este terreno era administrado por el político. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro rechazó esta afirmación y pidió que la Fiscalía investigara al político.
Las comunidades campesinas protestan debido a su temor de no tener tierras para trabajar. Los agricultores de Villa Fátima, Tierra Santa, Las Marías, Buenavista, Las Cruces y Buenos Aires buscan que no se les impida participar en la agricultura.
La propiedad de la finca perteneciente al líder paramilitar Carlos Mario Jiménez, conocido como «Macaco», fue asignada a la Unidad de Víctimas con el fin de brindar asistencia financiera a las víctimas del paramilitarismo en el departamento a través del Fondo de Reparación. No obstante, 15 años más tarde, el territorio recae en manos de un líder político local, quien ha sido descubierto que lo compró la Agencia de Tierras para implementar la reforma agraria.