La Superintendente Nacional de Salud encargada,Mónica Rocío Lombana García, manifestó que su gestión estará alineada con la hoja de ruta del Gobierno Nacional, con el fin de estabilizar el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y ejercer con vehemencia la supervisión en la administración de los recursos del sistema.
“La Supersalud debe actuar con firmeza para proteger el derecho a la salud de los usuarios. Vamos a fortalecer la inspección, vigilancia y control para identificar los riesgos y tomar las decisiones que correspondan frente a los vigilados y actores del
sistema”, afirmó Lombana García.
La nueva Superintendente llega al cargo con cerca de tres décadas de experiencia en el sector salud y conocimiento de diferentes áreas de la operación y supervisión del sistema.
Una trayectoria técnica
Mónica Rocío Lombana es médica y cirujana, especialista en Gerencia Hospitalaria y Gerencia de la Calidad en Salud, con más de 29 años de experiencia en dirección estratégica, aseguramiento, prestación y supervisión de entidades del sector salud.
Cuenta con amplia trayectoria en la gestión de instituciones públicas y privadas, contratación y negociación de servicios de salud, implementación de modelos de calidad, desarrollo institucional y liderazgo de equipos multidisciplinarios.
Lombana García lleva seis años en la Superintendencia Nacional de Salud y ganó el concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil en 2025, llevado a cabo por la Entidad.
Es reconocida por su capacidad de liderazgo, visión estratégica, gestión de resultados y compromiso con el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Su trayectoria en la Superintendencia le ha permitido conocer los mecanismos con los que el Estado supervisa a los actores del sistema y hacer seguimiento a entidades que enfrentan situaciones especiales.
Ahora, al frente de esta Entidad, su misión es convertir ese conocimiento en una supervisión con mayor capacidad de anticipación y respuesta, especialmente frente a los problemas que puedan poner en riesgo la continuidad y oportunidad de los servicios de salud.