La crisis de politización en los hospitales del Magdalena continúa. Una nueva denuncia disciplinaria ante la Procuraduría Regional pone en el ojo del huracán a Lina Marlies Miranda Trespalacios, gerente del Hospital Local de Zapayán, por presuntamente intervenir en política y utilizar la imagen institucional en actividades proselitistas.
La queja, presentada por la ciudadana Danis Marcela Rueda Jiménez, incluye como prueba un video publicado el 12 de noviembre en la cuenta personal de Facebook de la funcionaria, en el que invita abiertamente a votar por la candidata Margarita Guerra, aspirante de Fuerza Ciudadana a la Gobernación del Magdalena. En el video, la gerente aparece vistiendo una camiseta con logos oficiales del hospital, lo que configura un uso indebido de símbolos institucionales y recursos públicos para favorecer una campaña política.
La denunciante solicitó a la Procuraduría la suspensión inmediata de la funcionaria, advirtiendo que su permanencia en el cargo pone en riesgo la neutralidad institucional y la transparencia del proceso electoral, convocado por el Gobierno Nacional para el próximo 23 de noviembre de 2025.
“No se trata de un hecho aislado. Ya otro gerente hospitalario fue apartado de su cargo por la misma conducta, y aún persisten las prácticas de intervención política dentro de la red pública de salud del departamento”, señala la queja radicada ante el órgano de control.
De acuerdo con el documento, estas acciones violan el artículo 127 de la Constitución, que prohíbe expresamente la participación política de los servidores públicos, así como las normas del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019).
La denunciante advierte que la conducta de la gerente de Zapayán reproduce un patrón sistemático dentro del movimiento político Fuerza Ciudadana, en el que varios funcionarios estarían siendo utilizados como operadores electorales desde entidades públicas, especialmente del sector salud.
La Procuraduría Regional del Magdalena deberá decidir en los próximos días si admite la queja y decreta la medida de suspensión provisional, como ya ocurrió recientemente con otro directivo hospitalario involucrado en hechos de participación política indebida.
Este nuevo episodio agrava la preocupación ciudadana frente al deterioro de la moralidad administrativa y la utilización de los hospitales públicos para fines políticos, afectando la confianza en las instituciones y el derecho de los magdalenenses a una administración imparcial y transparente.