La Fiscalía radicó este martes el escrito de acusación, que incluye también el delito de fraude procesal.
La Fiscalía llamó a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, convitiéndose en el primer mandatario en llegar a estas instancias judiciales.
El ente acusador señaló que la decisión se tomó «a partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto de hace tres meses».
En ese sentido, la Fiscalía aseguró que en dicha determinación tuvo en cuenta nuevos elementos de prueba, como las declaraciones de Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve, entre otras.
Una vez el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá cumpla con el reparto y se conozca el juzgado penal del circuito al que le corresponda el juicio, se realizará la audiencia de formalización de la acusación, en la fecha y hora que fije la judicatura.
«La Fiscalía garantiza el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo. Ahora, el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados, tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones, que deberá culminar con la emisión de un fallo», señaló el ente acusador.
Todo empezó en 2012, cuando el presidente Uribe presentó una denuncia contra el congresista Iván Cepeda al que acusó de un supuesto complot urdido con testigos falsos para vincularlo con grupos paramilitares, responsables de atroces violaciones de derechos humanos en su guerra clandestina contra los rebeldes.
Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que comenzó a investigar al expresidente en su calidad de parlamentario en 2018. El tribunal sospechó que fue Uribe, y no su opositor, quien trató de manipular testigos para desacreditar a Cepeda.
Los altos magistrados fueron más allá y en agosto de 2020 ordenaron el arresto domiciliario del expresidente, mientras avanzaban en su investigación.
Luego Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba en su contra.
En su reacción anticipada al anuncio, el exgobernante se quejó de los «vicios» en el proceso en su contra.
En octubre anterior, el Tribunal Superior de Bogotá negó la apelación de la defensa contra la decisión de un juez en mayo pasado, que rechazó la solicitud que por segunda vez presentó la Fiscalía para precluir la investigación, ya que no encontró pruebas de que el exmandatario hubiese intervenido para que su entonces abogado, Diego Cadena, supuestamente hiciera ofrecimientos a exparamilitares en prisión para que cambiaran su declaración en la que señalaban presuntos vínculos suyos con grupos de autodefensa.
El juez 41 en mayo pasado justificó su decisión de no precluir la investigación, porque considera que hay elementos probatorios de que Álvaro Uribe incurrió en los delitos de manipulación de testigos y soborno.
“Contrario a lo aseverado por el señor fiscal, sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva, descrita en al artículo 444A de soborno en actuación penal, sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”, dijo entonces la jueza 41 penal del circuito, Laura Barrera.
Ahora, el encargado de llevar el caso será el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villareal.
Tal y como lo anunció la Fiscalía General de la Nación, en los próximos días se conocerá la fecha del inicio de juicio encontra del exmandatario colombiano.