Por Gerardo Joleanis Bello
La situación en Urrá S.A. E.S.P. se vive por causa de una compleja disputa legal que involucra la presidencia de la empresa. Rafael Amaya Del Vecchio, quien fue apartado de la presidencia en febrero pasado, interpuso una tutela alegando violación al debido proceso. En marzo, un juzgado ordenó su reintegro, pero Urrá apeló la decisión. La controversia se profundizó cuando Amaya Del Vecchio recurrió al incidente de desacato debido a que no se cumplió con su regreso a la presidencia.
Sin embargo, los magistrados del Tribunal Superior Judicial de Montería, Manuel Fidencio Torres Galeano y Víctor Diz Castro, se declararon impedidos para conocer el caso, aunque inicialmente se revocó el impedimento, posteriormente se declararon nuevamente impedidos debido a una denuncia penal y disciplinaria previa realizada por el abogado de Amaya Del Vecchio, Francisco Rafael Meléndez Lora.
En la actualidad, Urrá cuenta con dos presidentes: Eduardo Díaz, quien está en funciones, y Rafael Amaya, cuyas funciones están suspendidas hasta que el Tribunal Superior falle de fondo. Esta situación refleja la complejidad de los procesos legales y la importancia de garantizar la imparcialidad en la administración de justicia.