Por Gerardo Jolianis Bello
La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría delegada para el Sector Minas y Energía, ha dictaminado el inicio de una Actuación Especial de Fiscalización en la Hidroeléctrica de Urrá.
El objetivo es investigar posibles irregularidades en la contratación de la venta de energía, las cuales podrían haber causado importantes pérdidas económicas para la empresa, en la que el Estado colombiano tiene una participación del 99,98%.
La acción se enfocará en investigar la posibilidad de que la contratación de energía se concentre en una pequeña cantidad de empresas comercializadoras y la supuesta adjudicación directa de estos contratos, sin un criterio técnico definido para su asignación.
Debido a los altos márgenes de utilidad que habrían obtenido las empresas relacionadas con la contratación de Urrá, se estima que estas prácticas habrían generado pérdidas superiores a los $300.000 millones. Dado que los precios de los contratos adjudicados podrían no corresponderse con los precios de mercado actuales para los años 2023 y 2024, la Contraloría también investigará posibles daños al patrimonio público.
Según informes preliminares, los contratos que están sujetos a esta investigación fiscal tienen un valor total superior a los $1,4 billones, tal como se ha informado en varios medios de comunicación. Cabe resaltar, que el órgano de control ha iniciado esta acción especial de fiscalización de manera informal, dentro de sus competencias y basándose en hechos revelados por la prensa. Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna denuncia de otras entidades del Estado o de individuos.