Dos nuevos hechos de inseguridad contra personas que cuentan con esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se conocieron en el departamento de Arauca. Los casos afectaron al expresidente de Asojuntas de Cravo Norte, Javier Paredes, y al defensor de derechos humanos Roosevelt Yesid Robles Acero, en hechos ocurridos durante la semana pasada.
Uno de los casos se registró el pasado 3 de noviembre en la vía Puerto Rondón–Cravo Norte, cuando Javier Paredes, expresidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Cravo Norte, sufrió una falla mecánica en el vehículo asignado a su esquema de seguridad.
Según la información preliminar, Paredes salió en busca de una grúa para recuperar el automotor. Sin embargo, cuando regresó al lugar, presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya se encontraban allí con un tractor.
De acuerdo con las versiones conocidas, los hombres armados habrían retenido durante aproximadamente tres horas a los integrantes del esquema de protección y posteriormente se llevaron el vehículo.
Este no sería el primer hecho de estas características que afecta a Paredes. En 2024 también le fue hurtado otro automotor, que posteriormente apareció accidentado.
Segundo caso ocurrió en Arauquita
El otro hecho afectó a Roosevelt Yesid Robles Acero, defensor de derechos humanos, a quien también le fue hurtado el vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección en el municipio de Arauquita.
Por ahora, no se conocen mayores detalles sobre las circunstancias de este segundo caso ni sobre los responsables del hurto.
Los dos episodios generan preocupación por la seguridad de las personas que cuentan con medidas especiales de protección en Arauca, especialmente en zonas donde persisten amenazas relacionadas con la presencia de grupos armados ilegales.
Se espera un pronunciamiento de la Unidad Nacional de Protección y de las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias de los hurtos, establecer responsabilidades y determinar qué medidas se adoptarán para garantizar la continuidad de los esquemas de seguridad de los afectados.