Por Gerardo Joleanis Bello
Los recursos que el Gobierno Nacional había destinado para ayudar a quienes sufrieron las inundaciones de febrero pasado, sobre todo en el departamento de Córdoba, están detenidos. Esto se debe a la revisión que hizo la Contraloría General de la República del decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Dicho decreto también abarca a Antioquia, Sucre, Bolívar, Chocó, La Guajira y Magdalena. En su examen, la Contraloría emitió un informe bastante severo, enfocado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd) y el Ministerio de Hacienda.
En el mensaje enviado al magistrado de la Corte Constitucional, Miguel Polo Rosero, quien está examinando la legalidad del decreto, el organismo de control afirma que la declaración de emergencia se basa en datos poco claros y poco confiables.
La Contraloría sostiene que, para llevar a cabo las políticas de gestión de riesgos y desastres, es esencial contar con las fuentes de financiación adecuadas para garantizar los fondos necesarios para la atención inicial, la recuperación y la estabilización de las zonas afectadas.
Sin embargo, señala que tales requisitos no se resaltan en el decreto de Emergencia. Por último, el informe de la Contraloría señala que no se ha expedido el acto administrativo para la distribución de los recursos, lo que complica su inclusión en el presupuesto y, por consiguiente, su uso.
En este escenario, las entidades muestran diagnósticos incompletos, falta de información precisa en la zona y problemas en la planificación de las acciones, lo que merma la coherencia del conjunto de medidas.