Por Gerardo Joleanis Bello
Los residentes del municipio de Buenavista en Córdoba, sostienen que tras las ocupaciones existe una trama de intereses que abarca desde la invasión ilícita hasta la venta ilegal de terrenos.
Algunos individuos ya habrían adquirido entre cinco y diez parcelas, lo que demuestra que no es una ocupación natural o de necesidad, sino un modelo informal de acaparamiento. Adicionalmente, ya existen redes de energía en esos ámbitos, aunque los terrenos no están legalizados.
Muchos perciben este progreso en infraestructura en áreas ocupadas ilegalmente como una indicación de permisividad institucional, o incluso de colaboración política.
En el contexto preelectoral, ha emergido una fuerte duda: existirían entidades que buscaban sisbenizar a los ocupantes y simplificar la inscripción de sus votos en el municipio, con la finalidad de incidir en las elecciones del año venidero.
El miedo de los habitantes trasciende lo meramente agrícola: perciben que su municipio está siendo colonizado, no por una necesidad social, sino por intereses que se benefician de las debilidades institucionales y la ausencia de supervisión gubernamental.
Esto ha activado las alertas entre líderes de la comunidad y residentes de Buenavista, quienes perciben que se está preparando una estrategia para modificar el mapa electoral de la localidad.
Otra cuestión crucial es la indiferencia de las autoridades. Pese a las constantes denuncias, no se han observado medidas específicas para frenar el progreso de las invasiones. Entre tanto, los asentamientos se expanden sin restricciones, creando un clima de incertidumbre y desconfianza. El ejemplo de Buenavista ilustra los peligros de una reforma agraria mal implementada.
Cuando no existe supervisión, monitoreo ni atención territorial, el propósito de repartir tierra con sentido de equidad se transforma en un ambiente propicio para la ilegalidad, el favoritismo y la división social. Un procedimiento transparente de asignación, dando prioridad a las víctimas y residentes locales. Una acción institucional efectiva que impida las invasiones y la comercialización fraudulenta de tierras.